¿Se pueden defender derechos si no se los conoce? Quizás con esa pregunta podríamos comenzar a tejer una realidad presente en muchos ciudadanos de nuestra provincia.
“¿Me cobraron bien?”, “No me responden en la obra social”, “Tengo que esperar dos meses para un turno” son sólo algunas de las consultas que recogemos de los pacientes al momento de acceder a servicios de salud tanto públicos como privados.
En los últimos años, se percibe un proceso de humanización en la atención médica a través de un conjunto de prácticas orientadas a lograr mejor atención y mayor cuidado.
Algunas de ellas se traducen en acciones concretas, como campañas en los barrios y hasta el mismo “El hospital te escucha”, un espacio de orientación, vinculación y diálogo que busca brindar contención y acompañamiento.
Fue en un relevamiento reciente de este último en el que llamó la atención el gran porcentaje de consultas que estuvieron orientadas a información general, es decir, personas que ignoran los circuitos para el acceso a la salud (39%) o el desconocimiento del funcionamiento de los servicios (25%) en al menos ocho hospitales provinciales.
De esta manera, partimos de una base en la que la ciudadanía tiene carencias informativas y poco a poco solicita un involucramiento más directo con el servicio de salud.
Incluso el coordinador del área de Salud del defensor del Pueblo, Norberto Méndez, había dejado claro que la oficina recibe consultas de diverso tipo por falta de información de los ciudadanos.
“En general, las personas que concurren a un hospital no conocen sus derechos porque nadie los difunde”, expresó Olga Romero de Simondi, médica especialista en Salud Pública y Bioética, que trabajó más de 30 años en el hospital Tránsito Cáceres de Allende.
En 2005, Romero de Simondi creó junto con otros colegas la “Fundación para la promoción y defensa de los derechos del paciente”, cuyo objetivo primordial era controlar el cumplimiento de la legislación que regula los derechos de los pacientes de hospitales y clínicas en Córdoba.
La ley 26.529, de los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, regula el ejercicio de sus derechos en cuanto a la autonomía de la voluntad, a la información y a la documentación clínica.
Por su parte, la ley provincial 8.835, conocida como “carta del ciudadano”, la misma que creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), establece los derechos a la salud para todos los habitantes del territorio.
Pone el foco en la atención adecuada; en conocer la identidad del personal de salud tratante, y en recibir tratamiento médico sin distinción de raza, de credo, de sexo, de nacionalidad, de capacidad diferente, de orientación sexual, de ideología ni de fuente de pago, entre otras disposiciones.
“Prestábamos asesoramiento y mediábamos en algunos conflictos, los cuales mayormente se resolvían con facilidad”, recordó Romero de Simondi. Durante esos años, la fundación promovió capacitaciones sobre los derechos del paciente, pero a la par se le cerraron puertas por “supuestos conflictos de intereses”.
Antes de dejar de funcionar en 2011, sus miembros redactaron un anteproyecto para una ley provincial del “defensor del paciente” que venía a complementar a las anteriores estableciendo una figura específica para resguardar derechos y responsabilidades de los ciudadanos en materia de salud.
Promover la educación sanitaria de los pacientes, ofrecer información de legislación accesible e impulsar el uso y el control responsable de los recursos fueron algunas de las iniciativas.
Romero de Simondi, quien perteneció a la Mesa de Encuentro Peronista, contó que incluso el gobernador Martín Llaryora la llamó en ese entonces para impulsar el proyecto de ley cuando disputó una interna en el justicialismo.
“Me lo volví a encontrar en un vuelo cuando era vicegobernador y me dijo que lo llamara. Intenté varias veces a través de su secretaria, pero no hubo forma y me cansé”, reconoció.
Un proyecto de ley sin éxito
Durante el primer gobierno de Juan Schiaretti, los diputados provinciales Daniel Passerini y Ricardo López, quien fue secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), presentaron en la Legislatura de la provincia de Córdoba el proyecto de ley 7.906/L/11 para crear la figura del defensor de los derechos del paciente.
La iniciativa incluía los objetivos que perseguían Romero de Simondi y sus colegas y establecía duración, funciones y responsabilidades del defensor; además, que tenía que ser designado por el cuerpo legislativo y que el cargo debía ser ad honorem.
“La ignorancia es la peor enemiga del ejercicio pleno de los derechos, por desconocimiento se llega a privar de acceder a los instrumentos existentes y dispuestos para brindar la cobertura requerida para satisfacer la demanda emanada de la pérdida de la salud”, había expresado entre los fundamentos.
Sin embargo, no consiguió su tratamiento legislativo durante 2011 y un año más tarde perdió estado parlamentario.
Desafíos para una mejor atención de salud
Si bien se han implementado prácticas que tienden a que el paciente sea más protagonista en la consulta médica, como, por ejemplo, el consentimiento informado y las pficinas regionales de Integración Sanitaria –en el caso de Córdoba–, quedan varios cabos sueltos.
“Los centros de salud provinciales no proporcionan, en lugares de alta circulación, personigramas que detallen el staff médico y los horarios de consulta. El usuario del sistema de salud tiene derecho a saber quién lo atiende. Tampoco se exhiben los derechos de los pacientes”, sostuvo Romero de Simondi.
La médica también reconoce que debe cambiar la cultura. “En ocasiones algunas personas actúan sin fundamentos. Van y golpean a un médico porque no los atendió”, afirma.
La figura del defensor del paciente, de amplia recepción en España y en Mendoza, podría contribuir a generar una ciudadanía madura.
“Son muchos los beneficios: mejora la calidad de atención, disminuye la litigiosidad y es más económico”, finalizó Romero de Simondi.
